Los derechos políticos y civiles de los ciudadanos europeos están siendo violados impunemente por las autoridades españolas. Representantes y activistas catalanes siguen siendo represaliados y procesados por el referéndum independentista de 2017 y las manifestaciones posteriores.

Sobre «La libertad de expresión política: un imperativo para la democracia», el Consejo de Europa afirma que defender la independencia no es un delito y que la libertad de expresión es primordial para el debate político y la democracia. El documento menciona que cualquier persona, y especialmente los políticos, pueden hacer propuestas que defiendan cambios constitucionales, incluida la plena independencia de una región. El informe también recuerda que cualquier político detenido por hacer declaraciones en el ejercicio de su mandato debe ser puesto en libertad, una referencia al informe Cilevics, cuando la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió la liberación de los presos políticos catalanes.

España ha violado los derechos de libertad de expresión y los derechos políticos de muchos cargos públicos del gobierno catalán y del Parlamento catalán, y algunos de ellos han sido encarcelados por ello. A pesar de su liberación en 2021, los tribunales españoles siguen prohibiéndoles volver a ocupar cargos públicos y no se les ha concedido ninguna reparación por haber estado encarcelados durante más de 4 años. Los representantes catalanes fueron suspendidos de sus funciones públicas antes de la condena, lo que según el Comité de Derechos Humanos de la ONU supuso una violación de sus derechos políticos.

Tras el referéndum de independencia de 2017, no solo fueron encarcelados políticos, sino también líderes de la sociedad civil como Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana en el momento del referéndum. Su detención fue denunciada por Amnistía Internacional, que declaró que el mantenimiento de su detención constituyó una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Varios representantes catalanes tuvieron que huir para evitar penas de cárcel, como el ex presidente Carles Puigdemont. Las órdenes europeas de detención por sedición de los jueces españoles fueron rechazadas por los países de la UE en los que se exiliaron los dirigentes catalanes.

En 2022, la modificación del Código Penal español eliminó el delito de sedición pero añadió un nuevo delito de «desórdenes públicos agravados» en un claro intento de facilitar la extradición de los exiliados y facilitar las penas de cárcel. La reforma también incorpora la intimidación, la provocación, la conspiración y la solicitación como causas de delito y penas de inhabilitación para trabajadores y cargos públicos, lo que alarmó a organizaciones judiciales y de derechos humanos.