Violación de los derechos humanos
España firmó y ratificó la Carta de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados que reconocen el derecho de los pueblos a la autodeterminación, pero el gobierno español sigue rechazando ese derecho para los ciudadanos de Cataluña. Queremos vivir en un país que respete a sus ciudadanos y los derechos humanos y que no discrimine a las minorías.
En octubre de 2022, el Consejo de Europa expresó que cualquier persona, y especialmente los políticos, pueden hacer propuestas defendiendo cambios constitucionales, incluida la plena independencia de una región». Sin embargo, cuando el 1 de octubre de 2017 Cataluña celebró un referéndum de independencia democrático y vinculante, las autoridades españolas lo consideraron «ilegal». Las fuerzas policiales cargaron brutalmente contra multitudes pacíficas que hacían cola para ejercer su derecho al voto.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Europa denunciaron este uso excesivo de la fuerza, pero el gobierno español restó importancia a la violencia. No ha habido ninguna condena ni dimisión por estas acciones.
El referéndum provocó miles de procesamientos y el encarcelamiento de representantes políticos y líderes sociales catalanes, que recibieron una condena desproporcionada de un total de 100 años de cárcel. Además, la represión también afectó a alcaldes, cargos públicos, activistas y muchas otras personas, sumando más de 4.000 represaliados en Cataluña, todavía hoy. Siete representantes catalanes tuvieron que huir al exilio.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias exigió la liberación de los líderes sociales Jordi Sànchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, de Òmnium. La Comisión Internacional de Juristas condenó públicamente las sentencias por restringir los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, y el Relator Especial de la ONU sobre Cuestiones de las Minorías advirtió del aumento de la incitación al odio y la represión contra los catalanes.
Después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa pidiera la liberación de los presos políticos catalanes, el gobierno español los indultó oficialmente. Sin embargo, siguen sin poder ejercer cargos públicos, y los indultos están siendo impugnados ante los tribunales españoles y podrían ser anulados.
En 2022, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció que España violó los derechos políticos de cuatro ex diputados del Parlamento catalán en virtud del Art 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque fueron suspendidos de sus funciones públicas en 2018 antes de su condena.
Y a principios de 2023, tres relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el escándalo de espionaje a dirigentes y activistas independentistas catalanes, y exigieron explicaciones a España. Destacaron que las víctimas del espionaje no realizaban actividades violentas y que el escándalo amenazaba los derechos a la libertad de expresión y de reunión.