España: abusos de los derechos humanos y persecución política

Se están violando los derechos políticos y civiles de los ciudadanos europeos. El Gobierno español, con su ilimitada e indiscriminada interpretación del artículo 155 de la Constitución española, ha estado atacando el derecho de los catalanes a una autonomía política. Cómo ‘solución’, el Gobierno español convocó para el 21 de diciembre de 2017 unas elecciones ilegítimas. Candidatos políticos, partidos y la televisión pública catalana fueron censurados por activa y por pasiva por la Comisión Electoral Española. Hubo candidatos que no pudieron participar democráticamente y en circunstancias normales durante la campaña, ya que estaban procesados e investigados por sus actividades políticas y sus declaraciones.

Ocho de los candidatos electos, uno de los cuales nuestro presidente hasta hace poco, Jordi Sànchez, fue encarcelado – desde el 16 de octubre de 2017 – por un periodo incomprensiblemente largo sin juicio ni fianza, lo que es un claro abuso de la medida de prisión preventiva. Jordi Cuixart, otro líder de la sociedad civil y presidente de nuestra organización hermana, Òmnium Cultural, se encuentra en la misma situación.

Amnistía Internacional ha ‘reclamado reiteradamente que se les ponga en libertad de inmediato’, ya que no ve ninguna justificación para mantener a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en prisión preventiva, desde hace ya un año. La ONG a favor de derechos civiles considera que su ’continuado encarcelamiento constituye una restricción desproporcionada de su libertad de expresión y de reunión pacífica’. Y aun hay más, otros siete políticos se han visto forzados a exiliarse para evitar ser encarcelados, y más políticos catalanes están siendo procesados. Este tipo de asuntos deberían ser impensables en la Unión Europea.

Mientras, la justicia alemana ha descartado la acusación por falsa rebelión –pues esta implica, explícitamente, golpes violentos. La justicia belga ha revocado las órdenes de detención europeas, por un defecto de forma, ya que el juez Pablo Llarena, en un impredecible cambio, retiró por segunda vez las órdenes de detención europeas (EAW). Esto es un claro abuso de las EAW por razones políticas, cómo también ha dejado claro en sus procedimientos y declaraciones partidarias..

Por ser representantes electos y líderes de la sociedad civil están acusados de sedición y rebelión, lo cual implicaría que se han cometido actos violentos, y estas acusaciones han sido denunciadas por enviados especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho de libertad de expresión y de opinión. Los jueces españoles han alegado que sus actividades políticas e ideas pacíficas son la razón por la que no serán puestos en libertad, aunque hayan sido elegidos por el pueblo catalán. Es por lo tanto, una violación de nuestro derecho a ser representados políticamente y la constitución de nuestro Parlamento ha sido deformada. Nuestros y sus derechos civiles y políticos están gravemente dañados. Estas son las razones que demuestran claramente que los catalanes no vivirán nunca en una democracia, a no ser que busquen para sí una de propia.

Más políticos electos están siendo procesados. Más de 700 alcaldes están siendo investigados criminalmente por dar apoyo al referéndum y han sidoamenazados con detenciones por la Fiscalía General del Estado en caso de no comparecer.