Como reveló el centro de investigación canadiense Citizen Lab a mediados de abril de 2022, las autoridades españolas llevaron a cabo acciones ilegales de vigilancia desde 2015, espiando al menos a 65 líderes y activistas del movimiento independentista catalán, así como a sus familiares, abogados y periodistas. Este flagrante ataque a los derechos fundamentales y a los principios democráticos ha sido denunciado por organizaciones internacionales como la Asociación Europea de Abogados para la Democracia (ELDH) y Amnistía Internacional.

El asunto del espionaje político, conocido como CatalanGate, sigue sin respuesta. Las autoridades españolas siguen sin asumir responsabilidades ni ofrecer reparación a las víctimas de este abuso los derechos fundamentales.