Existe una tendencia a recurrir a la unidad del Estado, el interés nacional y la seguridad nacional para justificar falsamente políticas represivas como la prohibición de la libertad de expresión, las detenciones y encarcelamientos selectivos, la amplia propaganda estatal y la política que tacha a los activistas de terroristas para intentar silenciar los movimientos democráticos de autodeterminación. Un informe de la Organización de Naciones y Pueblos no Representados (UNPO) destaca cómo los gobiernos de todo el mundo, especialmente los no democráticos, se ven influidos por la respuesta represiva del gobierno español al movimiento independentista de Cataluña.

En este sentido, en Cataluña se ha producido un claro deterioro de los derechos humanos, especialmente tras la represión infligida por las autoridades españolas durante y después del referéndum de independencia del 1 de octubre. Su intento de sofocar el movimiento de autodeterminación de Cataluña ha debilitado las libertades de prensa, expresión, opinión, asociación y reunión, los derechos a la libertad y a la seguridad, y el derecho a un juicio justo. El intento de descalificar y criminalizar la lucha democrática de Cataluña ha llevado a la detención de políticos, periodistas, personalidades públicas y activistas comunitarios, incluidos antiguos presidentes de la Assemblea.

Esta respuesta desproporcionada por parte de España sienta un peligroso precedente para los defensores de los derechos humanos de todo el mundo, ya que ha proporcionado a países no democráticos una justificación para aplicar herramientas represivas similares contra movimientos de autodeterminación, como los kurdos, los tártaros de Crimea y los tibetanos, y otros por parte de Estados como Irán, Rusia y China.

Lea el informe completo (en inglés)