Se suman a la petición coordinada por Assemblea y firmada por una treintena de presas y presos políticos de todo el mundo, entre los cuales se encuentra Julian Assange, que ha sido presentada a Michelle Bachelet, Alta Comisionada en derechos humanos de las Naciones Unidas.
El artista y activista chino Ai WeiWei, conocido por sus críticas al gobierno de su país por la violación de derechos humanos; el ex agente de la CIA e investigador John Kiriakou, encarcelado por desvelar los programas de tortura de la agencia norteamericana y el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, víctima del lawfare del presidente Lenin Moreno con el objetivo de borrar todo rastro de la conocida Revolución Ciudadana.
Se suman así a la carta de denuncia firmada el pasado 29 de abril por una treintena de presas y presos políticos, coordinados por Assemblea y liderados por sus homónimos catalanes, que se presentó a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de denunciar la situación en las prisiones durante la crisis del Coronavirus. Entre los firmantes también se encuentra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, así como otros presos políticos de Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, el Rif y el Sáhara Occidental.
Este lunes, Michelle Bachelet volvía a insistir en su cuenta de Twitter que “Las personas en centros de reclusión tienen más riesgo de contagio por #COVID19 dadas las dificultades para respetar la distancia y la escasez de cuidados médicos. Las personas detenidas arbitrariamente o encarceladas por ejercer sus derechos deben ser liberadas sin demora.”.
Durante los últimos días, se ha acentuado la situación de alarma en muchas prisiones del mundo, especialmente en el continente latinoamericano. Instituciones y organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, Amnistía Internacional o Human Rights Watch han recomendado la reducción de la población en los centros penitenciarios debido a al alto riesgo de propagación de la enfermedad.
Assemblea quiere denunciar que el Estado español ignora reiteradamente las recomendaciones hechas por instituciones y organismos internacionales y considera que este hecho es una nueva prueba del menosprecio hacia los derechos humanos y los organismos internacionales que velan por su cumplimiento.
Foto: Alfred Weidinger, Flickr.