Liderados por Julian Assange y los nueve líderes civiles y políticos catalanes, entre los firmantes destacan hay activistas encarcelados de Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Marruecos y el Sahara Occidental
29 de Abril, 2020
Unas treinta presas y presos políticos de diferentes territorios de todo el mundo han enviado una carta a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, con el objetivo de denunciar su situación de encarcelamiento durante la crisis del coronavirus, después de que instituciones y organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, Amnistía Internacional o Human Rights Watch recomendaran la reducción de la población en los centros penitenciarios debido a su alto riesgo para la propagación de la
enfermedad.
A finales de marzo, la misma Alta Comisionada pidió a los gobiernos que tomaran medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas encarceladas o recluidas en otras instalaciones, como parte de los esfuerzos para frenar la pandemia del COVID- 19, en especial los ancianos, las personas enfermas, «todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes», así como los presos poco peligrosos.
En la carta, las presas y presos políticos muestran su preocupación por el hecho de que «muchos estados no estén cumpliendo con sus recomendaciones» y que, tal como Bachelet expresó, «mantener presos en detención durante esta pandemia conlleva un alto riesgo para la vida y salud de estos», en especial teniendo en cuenta» la falta de higiene, recursos sanitarios y el hacinamiento que se vive en las cárceles y centros de detención «en la mayoría de sus países. Según los firmantes, el peligro no sólo proviene del riesgo de brotes, sino también por la «represión contra las protestas que algunos presos y presas han llevado a cabo en diferentes centros de detención y reclusión».
Julian Assange entre las presas y presos políticos de todo el mundo
Entre los firmantes, se encuentran las presas y presos políticos catalanes, como el ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; así como Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.
También hay activistas internacionales, destaca principalmente, Julian Assange, de Australia, pero también los hay de otros países como son Milagro Sala y Luis D’Elía de Argentina; o Julian Andrés Gil Reyes, Jose Vicente Murillo y Jorge Enrique Niño del Congreso del Pueblo de Colombia.
Completan la lista el líder del Movimiento Popular del Rif, Nasser Zefzafi, la activista Mahfoud Bamba Lefka y el periodista Bachir Mahdi Khader del Sahara Occidental, Bernado Caal Xol, defensor indígena maya Q’eqchi (Guatemala), y los representantes de los Defensores del agua, el ambiente y el territorio de Guapinol (Honduras) Jeremías Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Ewers Alexander Cedillo, José Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Arnold Alemán Soriano y Orbin Hernández Hernández.
Jordi Sánchez denuncia que el Estado español ignora las recomendaciones de la ONU
Jordi Sánchez, preso político por haber sido el presidente de la Assemblea Nacional Catalana, ha hecho una valoración de las motivaciones que le han llevado a firmar la carta: «Es desolador ver la impunidad con la que España ignora las recomendaciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la señora Bachelet, eran inequívocas. El hecho de que los presos del juicio por el 1 de octubre seguimos en prisión es un ejemplo de desprecio a los derechos humanos ya los organismos internacionales que velan por su cumplimiento. Y con este hecho las instituciones españolas consolidan la tendencia a ignorar las recomendaciones de los organismos internacionales que no son de su gusto.
«Somos cientos los presos políticos en todo el mundo que somos víctimas de la falta de respeto que los gobernantes tienen los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos. ¿Con qué autoridad España exige a otros países el cumplimiento de tratados internacionales sobre Derechos Humanos cuando ella desobedece las recomendaciones de Naciones Unidas que la interpelan?».