El informe anual del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias constata la no implementación de las recomendaciones formuladas en 2019, donde se pedía la liberación inmediata de siete de los nueve presos y presas políticos catalanes.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha publicado su informe anual en el marco de la 45ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, en el que hace un seguimiento de los dictámenes emitidos en 2019 y donde destaca que no se ha implementado la recomendación de liberar de forma inmediata las presas y presos políticos catalanes por parte del Estado español.
Con la publicación de este documento, el Grupo de Trabajo vuelve a poner en evidencia la falta de reconocimiento del Estado español hacia los organismos internacionales con respecto a la situación en Catalunya, y su doble moral a la hora de reclamar el estado de derecho mientras ignora prerrogativas de derecho internacional como la defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y la discriminación por razones políticas.
En los dos informes sobre la situación de las presas y los presos políticos catalanes publicados el año pasado se pedía su libertad inmediata y se denunciaban las violaciones de derechos de las cuales habían sido víctimas, incluyendo el derecho a la libertad de expresión, manifestación pacífica y asociación, derecho a la libertad y la seguridad de la persona, libertad de pensamiento, igualdad ante la ley, derecho a la participación en asuntos públicos y discriminación para expresar opiniones políticas favorables a la independencia de Catalunya. Además, pedía reparar los daños causados y llevar a cabo una investigación independiente sobre la detención arbitraria.
El Grupo de Trabajo también expresó que hacer un referéndum de independencia en España no es ilegal, sino que se enmarca en las expresiones legítimas amparadas por los derechos de libertad de opinión y de expresión.
Por otra parte, el informe anual también revela que España pidió la revisión de la petición de liberación inmediata de las presas y presos políticos, como también lo hicieron países conocidos por sus violaciones de los derechos humanos, como ahora Arabia Saudí, Egipto, Túnez, Marruecos y Colombia. El Grupo de Trabajo respondió con una negativa debido al incumplimiento de requisitos.
El 2019, el Grupo de Trabajo emitió 85 dictámenes sobre la detención de 171 personas en 42 países. El Estado español es el único país incluido en el informe que es miembro de la Unión Europea.
Los dictámenes son fruto de una iniciativa de las defensas de las presas y los presos políticos impulsada por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en 2018, que pretendía confirmar si su situación de prisión preventiva vulneraba derechos fundamentales, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el Estado español.
Aquí se puede consultar el informe completo (Págs.7, 8, 18-19)