Las Naciones Unidas denuncian vulneraciones de derechos en el Catalangate y exigen explicaciones en el Estado español

En respuesta a la denuncia de la Asamblea del pasado mes de abril, elaborada conjuntamente con la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), tres Relatores Especiales de Naciones Unidas han hecho llegar al Estado español su preocupación por el asunto de espionaje político del Catalangate y la violación de derechos humanos observados, y exigen una investigación y reparación para las víctimas.

Una resolución de Naciones Unidas en respuesta a la denuncia de la Asamblea del pasado mes de abril reconoce las vulneraciones de derechos fundamentales contra los catalanes en el espionaje masivo con Pegasus y Candiru contra activistas, representantes políticos, periodistas y abogados catalanes cercanos al movimiento independentista catalán, y expresa preocupación por el hecho de que el uso indiscriminado de herramientas de espionaje por parte del Estado español pueda contribuir a la autocensura dentro de la sociedad civil catalana, disminuyendo así el derecho a la libertad de opinión y expresión en Cataluña.

En este sentido, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, ha destacado la importancia de este posicionamiento que “reconoce que la represión del Estado español puede provocar un grave efecto paralizador en el seno del movimiento independentista catalán, como ya hemos ido denunciando anteriormente”.

La resolución está firmada por el Relator Especial sobre cuestiones de las minorías, la Relatora Especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que enumeran todo el listado de víctimas que han denunciado sus casos, haciéndose eco de las seis víctimas de la Asamblea, los expresidentes Elisenda Paluzie y Jordi Sànchez, los exmiembros del Secretariado Nacional Sònia Urpí y Arià Bayé, y los activistas de base Jordi Domingo Ceperuelo y Jordi Baylina (experto en blockchain) destacando su pertenencia a la sociedad civil, y recuerdan que las minorías nacionales tienen derecho a afirmar y promover su identidad, en base a los tratados internacionales ratificados también por el Estado español.

La resolución es consecuencia de una denuncia que la Asamblea Nacional Catalana dirigió a Naciones Unidas el pasado mes de abril. Dolors Feliu ha querido remarcar que se trata de la segunda vez en la que los catalanes han sido reconocidos como minoría nacional en un documento oficial de Naciones Unidas, donde también se utiliza la terminología de pueblo catalán, y que “a pesar de la respuesta inocua del Gobierno español a la resolución, gracias a la labor de denuncia internacional hecha por Asamblea y otras organizaciones, ha quedado patente la vulneración de derechos fundamentales que sufren los catalanes y catalanas, lo que refuerza aún más los argumentos en favor de la autodeterminación y de la independencia del país como única vía para proteger sus derechos.”

Adjuntamos la denuncia de la Asamblea Nacional Catalana en Naciones Unidas (versión original en inglés).