Madrid.- ”El gobierno español no puede utilizar la excusa de la seguridad del Estado para ocultar posibles violaciones de derechos humanos”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en el día en que, tras más de dos años de retraso, comenzará su trabajo la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, también conocida como Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso. Entre sus tareas se encuentra la investigación de todo lo relacionado con el caso Pegasus, y se produce tras las revelaciones de que destacadas figuras catalanas habrían sido espiadas, así como el propio Presidente, Pedro Sánchez, y algunas de las ministras de su gobierno. “Esta comisión, caracterizada por el secretismo y el oscurantismo, no puede ser el lugar adecuado para investigar supuestas violaciones de derechos humanos”, asegura Beltrán.
La negativa ayer en el Congreso de los Diputados para establecer una comisión de investigación específica que tenía por objetivo "conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado" en el supuesto espionaje, contrasta con la decisión adoptada el pasado diez de marzo por el Pleno de la Eurocámara que sí decidió crear una comisión de investigación sobre el uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes. Como también contrasta el hecho de que el gobierno haya recurrido a la justicia para que se investiguen los teléfonos de miembros del gobierno infectados con este software mientras que no ha impulsado investigaciones sobre el resto de casos conocidos.
Amnistía Internacional lleva desde el año 2020 pidiendo al Gobierno español que revele públicamente si es o ha sido cliente de NSO Group, así como si ha utilizado Pegasus. De la misma manera, es necesario que se comprometa a colaborar con las causas abiertas ante la justicia en aquellos casos particulares donde hay indicios de haberse cometido espionaje, y apoyar el establecimiento de una moratoria global sobre el uso, venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco reglamentario adecuado de derechos humanos al respecto.
Amnistía Internacional ya ha denunciado anteriormente cómo el software espía Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo. “Ya hemos demostrado cómo esta herramienta es el arma preferida de gobiernos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas. Por eso es preciso que también en España se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre todos los casos que hayan podido ser infectados con Pegasus. Y ésta debe ser pública, no estar amparada en los secretos de estado”, denuncia el director de AI.
Amnistía Internacional recuerda además que es necesario la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Esta Ley regula una materia tan sensible como la clasificación de información pública por razones de seguridad, y lo hace sin estar en consonancia con los estándares internacionales. En la práctica, esto supone una restricción al derecho de acceso a la información, que obstaculiza la investigación de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
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Amnistía Internacional ya desveló en julio de 2021 cómo Pegasus, el software espía de NSO Group, se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo. Esta investigación, en la que participaron más de 80 periodistas de 17 organizaciones de medios de comunicación de 10 países bajo la coordinación de Forbidden Stories, y con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, reveló cómo cerca de 50.000 números de teléfono habían sido posibles objetivos de vigilancia. Entre ellos se encontraban jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia de Jamal Khashoggi, periodista saudí asesinado en Turquía en 2018.
“Los gobiernos de todo el mundo no han hecho lo suficiente para investigar o detener las violaciones de derechos humanos causadas por software espía invasivo como Pegasus. El uso, la venta y la transferencia de esta tecnología de vigilancia debe detenerse temporalmente para impedir nuevos abusos contra los derechos humanos”, denuncia AI.
