La resolución presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa pide a España que ponga fin a la persecución de los representantes políticos catalanes y de los manifestantes pacíficos, que libere a los encarcelados, que reforme el código penal y que se abstenga de pedir a los presos que renieguen de sus ideas políticas. En un intento de blanquear la reputación internacional de España, el gobierno español ha aprobado hoy un indulto para nueve líderes catalanes encarcelados.
El lunes 21 de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) debatió y adoptó la resolución «¿Deben ser perseguidos los políticos por las declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?», elaborada por el ponente Boriss Cilevičs, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo. El texto contó con el apoyo de 70 miembros, mientras que 28 votaron en contra y 12 emitieron un voto en blanco.
Durante el debate previo a la votación de la resolución, el ponente, Cilevičs, destacó que «Turquía y España tienen una cosa en común: tienen representantes electos que han sido encarcelados por sus opiniones públicas. Esto es algo que no ocurre en ningún otro lugar de Europa». También destacó que «el ejercicio de derechos fundamentales, como la convocatoria de manifestaciones pacíficas, especialmente cuando son ejercidos por tanta gente, nunca puede ser considerado un delito.»
La resolución no sólo compara el comportamiento de las autoridades turcas y españolas, sino que, en relación con las españolas, subraya que «la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal». Además, llama la atención sobre la desproporcionada prisión preventiva y las condenas de entre 9 y 13 años de cárcel a dirigentes políticos catalanes «entre otras cosas por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos», en apoyo al referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017, que fue duramente reprimido por las fuerzas de seguridad españolas bajo las órdenes de las autoridades españolas.
En este sentido, la APCE también pide a las autoridades españolas que reformen el código penal en relación con los obsoletos delitos de rebelión y sedición -que ya no están presentes en la mayoría de los estados europeos- para que «no puedan ser interpretados de forma que deshagan la despenalización de la organización de un referéndum ilegal o den lugar a sanciones desproporcionadas para transgresiones no violentas».
El informe también pide que se libere a los dirigentes cívicos y políticos catalanes «condenados por su papel en la organización del referéndum de 2017 y las manifestaciones masivas pacíficas relacionadas», que «se considere el abandono de los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos» y que se detenga el enjuiciamiento de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum. Además, subraya que las autoridades españolas también deberían abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de «sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de indulto».
En este sentido, cabe destacar que las enmiendas presentadas por los representantes españoles para intentar diluir la severidad del texto fueron todas rechazadas por amplia mayoría. El objetivo de estas enmiendas, una docena en total, algunas realizadas por representantes socialistas y otras por el Partido Popular, era disminuir o directamente eliminar conceptos que se referían al procesamiento de representantes por organizar un referéndum, la petición de liberación de presos, o dejar de procesar a exiliados y altos cargos del Gobierno, entre otros.
Se trata de una nueva advertencia a las autoridades españolas, que ya han recibido múltiples peticiones de liberación inmediata, como las del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, así como de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura y la Comisión Internacional de Juristas, entre otras. Desde 2017, la incesante criminalización de la voluntad política del pueblo de Cataluña por parte del Estado español ha supuesto el procesamiento de casi 3.300 personas.
El Gobierno español indulta a nueve dirigentes catalanes
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estuvo ayer en Barcelona para anunciar los indultos a los nueve dirigentes civiles y políticos catalanes encarcelados por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y por convocar manifestaciones pacíficas. Con este gesto, que ha sido confirmado durante el Consejo de Ministros de hoy, Sánchez intenta escenificar una aparente resolución del conflicto catalán. Pero nada más lejos de la realidad. Se trata de una solución particular para nueve personas que, en los últimos años, han sufrido en primera persona la brutal represión del Estado español. Sin embargo, los representantes catalanes en el exilio, así como los más de 3.000 represaliados, han quedado al margen de estas medidas.
Además, el Gobierno español ha anunciado que los indultos son condicionales: si los dirigentes se atreven a volver a hacer uso de sus derechos fundamentales, apoyando la voluntad del pueblo de Cataluña de volver a ejercer su plena soberanía, el Estado los encarcelará automáticamente. Por lo tanto, la decisión del ejecutivo sólo se entiende desde el punto de vista del interés propio, sin tener en cuenta el de Cataluña. No es realista plantear una solución política pactada al conflicto con el Estado español si ésta no incluye la rendición y humillación del independentismo catalán. La única solución al conflicto es el fin de la ley y la represión política española, y el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo catalán. Algo que varios ministros españoles y el propio Sánchez ya han expresado en varias ocasiones que nunca aceptarán.