Sigue la represión contra políticos y ciudadanos de Cataluña que, desde posiciones institucionales o como referentes de los movimientos ciudadanos, hicieron todo lo que estuvo en sus manos por hacer posible el ejercicio del derecho a decidir.
En este contexto, el jueves por la noche se hizo público el escrito de acusación del Ministerio Fiscal contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña. Se les acusa de desobediencia y de usurpación de funciones.
Más allá del análisis jurídico que se pueda hacer, llaman la atención dos cosas. Por un lado, y con respecto al primer delito mencionado, después de un largo año de instrucción, la acusación pública no tiene claro de qué delito de desobediencia acusa a los síndicos electorales. En el Código Penal hay dos modalidades de desobediencia: una con pena de prisión y la otra, no.
La acusación no se decide por ninguna de las dos, a pesar de sus diferencias legales, lo cual constituye un buen indicativo de la falta de seriedad de la acusación. Y muestra una vez más la utilización políticamente espuria de los instrumentos del Estado de derecho −hechos para luchar contra la delincuencia−, sometiendo a personas decentes y sin tacha a retorcidas causas penales.
El otro delito en juego es el de usurpación de funciones públicas. Este delito simplemente se menciona, pero no hay referencia a ningún hecho concreto. La causa, más allá de intentar atemorizar a sus receptores, resulta incomprensible. Así, si los referéndums que el Estado considera ilegales dejaron de ser delito, por expreso deseo del legislador estatal, con la razonable justificación de que esta actividad carece de la mínima entidad penal y de que el Estado ya dispone de otros mecanismos no penales para reaccionar, ¿cómo puede ser delito participar en un hecho que no es punible?
De los cinco miembros acusados de la Sindicatura Electoral, cuatro son profesores universitarios y, dos de ellos, Marc Marsal y Josep Pagès, compañeros de nuestro Colectivo. A los cinco les expresamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo.
Barcelona, 28 de octubre de 2018