La detención preventiva del activista español Dani Gallardo durante más de un año por manifestarse contra el encarcelamiento de los nueve presos políticos independentistas catalanes en octubre de 2019 es un castigo ejemplar del Estado español contra cualquier apoyo al movimiento independentista de Catalunya.
Esta mañana, a las 9h, una representación de la Assamblea Nacional Catalana en Madrid, formada por el Secretario Nacional de la Assemblea Martí Claret y miembros de la ANC Madrid, ha participado en las protestas frente a la Audiencia Provincial de Madrid para apoyar al activista español Dani Gallardo, de 23 años, que se enfrenta a seis años de prisión. Su juicio comienza después de más de un año en prisión preventiva por manifestarse en contra de las duras penas de prisión para los presos políticos catalanes.
A pesar de no poder estar presente debido a las actuales restricciones de la pandemia COVID19, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha mostrado su solidaridad a través de un mensaje de vídeo. Durante su declaración, ha destacado la enorme injusticia que representa una condena de 6 años de prisión: «La represión española también afecta en gran medida a las pocas personas valientes del pueblo castellano y del pueblo de Madrid que siempre se manifiestan y se han solidarizado con la causa de los derechos fundamentales del pueblo de Catalunya y su autodeterminación y en contra de la represión ejercida contra la minoría nacional catalana».
Otras protestas tendrán lugar durante su juicio en Madrid el sábado 14 y el martes 17 de noviembre, y el sábado 14 en Barcelona y Lleida, en Catalunya. El encarcelamiento de Daniel Gallardo forma parte de una estrategia de intimidación por parte de las autoridades españolas para impedir cualquier signo de solidaridad con el movimiento independentista catalán.
Su detención preventiva durante la pandemia de COVID19 ha supuesto una grave amenaza para su salud, ya que el Estado español se ha negado a liberar a los presos políticos, tal y como solicitó la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a principios de este año, pidiendo la liberación de «todas y cada una de las personas encarceladas sin suficiente base legal, incluidos los presos políticos y otras personas detenidas por haber expresado opiniones críticas o disidentes», así como los presos de bajo riesgo.
En este sentido, Assemblea impulsó una carta conjunta con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y más de 30 presos políticos actuales y antiguos de todo el mundo para denunciar tales abusos.
El caso de Dani Gallardo
La ANC Madrid, junto con una considerable representación de organizaciones de la sociedad civil simpatizantes con la causa independentista catalana, como el Movimiento Anti-Represivo de Madrid, el Movimient Pro Amnistia, Izquierda Castellana y la Coordinadora 25-S, organizó una conferencia sobre su caso durante la Catalan Week, una serie de actos de dos semanas de duración que se organizaron con motivo de la Diada Nacional de Catalunya el pasado 11 de septiembre.
Allí, Marco Fernández, representante del Movimiento Anti-Represivo de Madrid, afirmó que «el caso [de Dani] es bastante revelador, porque se trata de una venganza, de dar ejemplo, a través de la cual enviar un mensaje de miedo. Dani está en prisión porque el Estado no podía permitirse que la solidaridad con Catalunya se extendiera más allá, sobre todo aquí en la capital».
Fernández añadió: «En el Estado español no hay garantías judiciales. Asistir a una manifestación no puede ser un delito. Ser solidario con un pueblo que lucha por su derecho democrático a la autodeterminación no puede ser un delito».