España: abusos de los derechos humanos y persecución política

No solo los derechos fundamentales están amenazados. También con la separación de poderes existe un problema. En 2015, el Gobierno español introdujo una reforma urgente del Tribunal Constitucional, que ha afectado negativamente a su funcionamiento y ha socavado su legitimidad e independencia precisamente en un momento en que su independencia se encontraba ya en entredicho debido a la designación política del tribunal. Una de las medidas controvertidas es que el Tribunal Constitucional tiene autoridad para destituir de su cargo y sin explicación alguna a cualquier funcionario, ministro o consejero, o presidente autonómico, si considera que no está cumpliendo las resoluciones del Tribunal. Esto ha sido denunciado por la Comisión de Venecia y, de hecho, tres miembros del propio Tribunal Constitucional formularon un voto en contra, admitiendo que el único propósito de semejante reforma era sancionar a los líderes de las comunidades autónomas. En el debate parlamentario de esta reforma, el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular admitió también que la reforma se había llevado a cabo exclusivamente como movimiento político contra de los políticos independentistas catalanes. El presidente del Partido Popular en Catalunya hizo una declaración en el mismo sentido.

Otro problema preocupante es la falta de independencia del poder judicial español. En su Informe de cumplimiento para España (10/10/2016), el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) llega a la conclusión de que España no ha implementado ni resuelto de manera satisfactoria ninguna de las once recomendaciones que incluía en su Informe de Conformidad de la Cuarta Ronda de Evaluación. El 3 de enero de 2018, el Consejo de Europa publicaba una vez más su informe sobre «Prevención de la corrupción en miembros del Parlamento, jueces y fiscales». De acuerdo con los expertos anticorrupción del Consejo de Europa, el cumplimiento de España con los estándares internacionales “sigue siendo en general insatisfactorio”. Las autoridades han “avanzado poco en la aplicación de medidas para abordar la corrupción de miembros del Parlamento, jueces y fiscales”. Una situación alarmante que se refleja ahora en el desvergonzado uso de la justicia para perseguir el enjuiciamiento político.

La falta de independencia del sistema judicial español ha sido denunciada también desde dentro por algunos de sus miembros, como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; profesores de Derecho Constitucional, como Joaquín Urias, e, incluso, por una juez responsable de investigar casos de corrupción, Mercedes Alaya. Mientras, el Gobierno español ha continuado promulgando leyes e ignorando por completo tanto las recomendaciones del GRECO como de la Comisión de Venecia, de modo que atrinchera en lugar de corregir los problemas identificados. La falta de independencia judicial aparece también subrayada en el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE en 2017 (COM(2017) 167 final), elaborado por la propia Comisión Europea, y el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Queremos destacar que los cambios que inciden en el Tribunal Constitucional y la creciente falta de independencia del poder judicial forman parte de una secuencia más amplia de reformas que socavan el sistema de controles y equilibrios, y que restringen los derechos humanos en España, donde existe una criminalización cada vez mayor de las opiniones disidentes. Se han aprobado leyes administrativas y penales que restringen derechos y libertades fundamentales protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las reformas legales para bloquear a la oposición política han sido claramente insuficientes para las autoridades españolas. El año pasado se descubrió que el Ministerio del Interior había puesto en marcha una operación secreta denominada “Operación Catalunya”, en la cual estaba implicada una rama de la policía secreta española, responsable de la acusación política de los políticos catalanes, con intervención de un magistrado e incluso del entonces Ministro del Interior en persona. No se emprendieron acciones judiciales ni políticas de tipo alguno para investigar esas operaciones ilegales del Estado. La persecución política continúa y, lo que es más, no hay ninguna evidencia de que esas operaciones ilegales de la policía política hayan cesado.

Para ilustrar mejor la regresión general en cuestión de derechos humanos, separación de poderes y estado de derecho, nos gustaría destacar también el informe del Defensor del Pueblo de Catalunya, que ha denunciado la regresión democrática en España y que concluye que: “libertades y derechos fundamentales perfectamente establecidos y reconocidos tanto en tratados nacionales como internacionales están afectados» y que «estas transgresiones se han producido concretamente en Catalunya, debido a las tensiones políticas actuales«.

Una Catalunya independiente nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de llevar a cabo una verdadera transición a un país plenamente democrático, con una separación de poderes que se respete. Las élites que tienen su origen en la dictadura de Franco fueron capaces de mantener y asegurar su poder, y estamos viendo las consecuencias de ello hasta nuestros mismos días. Queremos un país democrático en el que exista el Estado de derecho, ya que en la actualidad el Estado de derecho en España se aplica en función de las preferencias políticas de cada uno.