Con respecto a nuestra organización (ANC):
Nuestro ex presidente Jordi Sánchez, en calidad de presidente de la ANC, se encuentra en prisión junto con Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium Cultural (una organización de sociedad civil hermana a la nuestra), por defender el derecho a manifestarse.

El 20 de septiembre de 2017 se produjeron protestas espontáneas en Barcelona. El cuerpo militarizado de la Guardia Civil estaba allanando las oficinas del Gobierno catalán desde primeras horas de la mañana de ese día. Cuando los ciudadanos se dieron cuenta de estos actos, salieron a protestar. La “Ley Mordaza” española, introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que aún se mantiene vigente, es excesivamente represiva contra las manifestaciones.
A las 10.23 h de la mañana, la ANC comunicó al Ministerio del Interior su intención de manifestarse frente al Ministerio de Economía de Cataluña, donde se encontraban la mayor parte de las protestas que se estaban llevando a cabo. Como tal, la ANC protegió a los manifestantes contra el enjuiciamiento y posibles multas, haciéndose a la vez responsable de esta demostración.

A pesar de que no hubo violencia, y a pesar de que tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart instaron a la multitud pacífica a disolverse tranquilamente y volver a sus casas tras mediar con el comité judicial y la Guardia Civil, ahora ambos líderes sociales se encuentran en prisión preventiva, bajo cargos de sedición y rebelión, lo que implica que la manifestación tendría que haber sido violenta. Estas detenciones son excesivas y están claramente motivadas políticamente.

Antes del referéndum del 1 de octubre de 2017, nuestras sucursales locales vieron cómo la policía confiscaba material de la campaña pro independencia, incluso camisetas con un SÍ, y desmontaron stands de la campaña, todo ello sin ninguna orden judicial específica.

El 20 de septiembre de 2017, un miembro del Secretariado Nacional de la ANC fue detenida, su coche registrado y le confiscaron chalecos para los voluntarios, pancartas y otro material de campaña. Este procedimiento se ha venido repitiendo en cientos de situaciones en todo el país, donde los miembros de nuestra organización han sido identificados e intimidados por las fuerzas policiales sólo porque han manifestado su voluntad de votar.

El 25 de septiembre de 2017, nuestra página web fue bloqueada por orden de la Guardia Civil en un claro intento de censurar a la sociedad civil catalana. Nunca recibimos una orden judicial o una notificación, ya que la Guardia Civil actuó bajo una orden judicial general y discrecional, otorgándole poderes de censura excesivos. Esto pasó con más de 140 páginas web. El 1 de enero de 2018, nuestro sitio web estuvo disponible de nuevo, sin ninguna notificación. La Guardia Civil actúa como una fuerza policial política que tiene carta blanca absoluta para censurar a la sociedad civil catalana a su discreción.